La Consejería de Presidencia de la JCyL está impulsando el debate de la reordenación territorial en nuestra Comunidad, tradicional y estructuralmente débil en términos de tamaño municipal (76% de los municipios con menos de 500 habitantes), con el consiguiente lastre que supone para el desarrollo de nuestros territorios. No vamos a entrar ahora a valorar este debate, pero sí a exponer sus principales líneas de planteamiento, dadas las implicaciones que para el desarrollo local tienen, así como para el trabajo que desarrollará nuestro colectivo, que tendrá que estar muy expectante ante los cambios que se vayan produciendo. Las líneas maestras de este debate se supieron el pasado martes 29 de marzo, cuando la Consejería de Presidencia recibió el informe que encargó a un grupo de expertos en la materia, cuyos resultados pueden resumirse en los siguientes puntos: · En principio, se busca no tanto la fusión municipal, sino reordenar el mapa territorial a través de alguna fórmula mancomunada (Mancomunidad de Interés Comunitario). Se “estimulará” la voluntariedad de la agrupación municipal.
· Dichas zonas mancomunadas estarían compuestas por unidades de ordenación menores, como los “Distritos de Interés Comunitario”, y serían las responsables de gestionar un abanico amplio de servicios.
· Los Distritos serían áreas funcionales (divididas en estables y estratégicas), capaces de prestar más servicios.
· El propósito manifestado es que la reforma sea “imparable”, para lo cual se contará con las Diputaciones, cuya continuidad no se pone en duda, aunque sí se plantea la necesidad de replantear sus funciones. Las nuevas formas administrativas, señaladas anteriormente, estarían por debajo de las Diputaciones.
· Hay un objetivo explícito en términos de eficiencia: mejorar en calidad y ahorrar gastos Final del formulario
· en servicios cotidianos que pueden ir desde la recogida de residuos a la limpieza viaria, el abastecimiento, el urbanismo, la promoción del empleo y cualquiera de los que la legislación atribuya a los ayuntamientos.
· Existe otro objetivo en términos de eficiencia administrativa: permitir a la JCyL y Diputaciones aplicar sobre el territorio de forma más coordinada sus políticas. Se estima que podría pasarse de un modelo que cuenta con 2.248 municipios a poco más de 250 mancomunidades.
· En términos prácticos, la propuesta plantea el diseño de planes específicos de desarrollo y ordenación territorial para las zonas que así lo requieran para solventar problemas concretos generados por una situación fronteriza, de atraso económico y social o cuestiones industriales. El modelo contempla la puesta en marcha de “proyectos de interés comunitario”.
El planteamiento para el desarrollo de esta propuesta es generar un gran pacto político y social en el primer año de la próxima legislatura, cuyo trabajo comenzará en cuanto tomen posesión las nuevas Cortes y el Gobierno. En principio, se espera que a mediados de 2012 la reforma esté definida.
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